La Ley 27.799 introduce un desplazamiento significativo en el umbral de intervención del derecho penal tributario, elevando sustancialmente los montos a partir de los cuales la evasión adquiere relevancia penal. Sin incidir de manera directa sobre la normativa aduanera, la reforma reconfigura el entorno de riesgo jurídico de las operaciones de comercio exterior, en tanto múltiples supuestos que anteriormente podían derivar en la apertura de procesos penales quedan ahora circunscritos al ámbito administrativo, mediante ajustes, determinaciones de oficio y sanciones pecuniarias.

 En este sentido, resulta muy favorable para los operadores de comercio exterior reducir la exposición inmediata al reproche penal , aunque también con ella se introduce un efecto potencialmente problemático: se amplían los márgenes de discrecionalidad entre lo que se resuelve en sede administrativa y lo que finalmente accede al ámbito penal , genera tensiones y suscita interrogantes en términos de igualdad y proporcionalidad y el hecho de una menor inmediatez de la sanción puede traducirse, en determinados contextos, en un incremento del descuido operativo. 

Asimismo, la norma al consolidar una lógica de intervención escalonada, priorizando la instancia administrativa como espacio primario de resolución de controversias fiscales, y reservando la vía penal para supuestos de mayor gravedad , obliga a reconfigurar los criterios de análisis en torno a la distinción entre error técnico y conducta dolosa de significativa entidad. ¿Estaran listos para esos cambios? Este enfoque refuerza la centralidad de la prueba documental y de la adecuada trazabilidad de las operaciones, en tanto la correcta acreditación de valores, origen, clasificación y demás elementos relevantes puede resultar determinante para neutralizar eventuales derivaciones penales.

En particular, tambien se advierte una tensión al contrastar este régimen con otros ámbitos punitivos: mientras en determinadas discusiones contemporáneas se propicia la reducción de la edad de imputabilidad, acelerando el acceso de sujetos jóvenes al sistema penal, en el campo tributario —a través de instrumentos como la Ley 27.799— se verifica una extensión de las instancias previas a la penalización para conductas económicamente relevantes, permitiendo que múltiples supuestos de evasión transiten prolongados recorridos administrativos antes de eventualmente configurar delito. Esta asimetría plantea cuestionamientos en torno a la coherencia del sistema penal en su conjunto.

En este contexto, y frente a los eventuales avances en la reforma del Código Penal, el desafío radicará en lograr una adecuada armonización normativa que preserve la coherencia sistémica del derecho penal económico, evitando superposiciones o contradicciones que incrementen la incertidumbre jurídica.