La extensión de la tregua entre Irán y sus adversarios en la región trae un alivio momentáneo a los mercados, pero el dato realmente sensible es otro: el desminado del Estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses según el Pentágono. Esto no es menor: por esa vía circula cerca del 20% del petróleo mundial. Aunque no haya combates activos, el simple riesgo logístico mantiene una “prima de incertidumbre” en energía y transporte. En términos jurídicos y geopolíticos, esto refleja cómo el control de rutas estratégicas sigue siendo una forma de poder material clave, más allá de los discursos sobre libre comercio.

En paralelo, los mercados financieros muestran un comportamiento que, a primera vista, parece contradictorio: las acciones globales se mantienen cerca de máximos. Esto se explica porque los inversores están “rotando” nuevamente hacia activos vinculados a inteligencia artificial y mercados emergentes, apostando a que el conflicto no escalará estructuralmente. Es el clásico desacople entre economía real y expectativas financieras: el capital no espera estabilidad, sino previsibilidad del riesgo. Mientras el conflicto sea “gestionable”, el flujo hacia sectores de alto crecimiento continúa.

Europa, sin embargo, está sintiendo el impacto de forma más directa. Alemania recortó a la mitad su previsión de crecimiento para 2026 debido al shock energético derivado del conflicto con Irán. Esto revive una vulnerabilidad estructural: su dependencia de energía externa. Lo interesante es que no se trata solo de economía, sino de diseño institucional europeo—cómo la seguridad energética condiciona la soberanía económica. En términos históricos, es una continuidad de los problemas que ya habían surgido con la crisis del gas ruso.

En Estados Unidos, Donald Trump vuelve a tensionar el vínculo entre política y derecho. Su sugerencia a importadores de no reclamar reembolsos por aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos introduce una señal compleja: el poder político intentando desincentivar el uso de mecanismos legales disponibles. Desde una mirada crítica del derecho, esto muestra cómo las normas pueden existir formalmente pero ser vaciadas en la práctica por presiones de poder.

En el plano local, Argentina presenta señales de deterioro en la actividad: el EMAE cayó 2,6% en febrero, el peor dato en 17 meses. A esto se suma un fuerte aumento de la deuda flotante del Tesoro, que crece casi 2 billones de pesos. Esto implica, en términos simples, que el Estado está postergando pagos para sostener caja en el corto plazo. No es solo un dato económico: es un indicador de tensión fiscal que puede trasladarse a proveedores, obra pública y dinámica productiva