Informes y actualizaciones sobre
comercio exterior, normativas vigentes
y su impacto en las operaciones.
Análisis y seguimiento de las regulaciones y tendencias que influyen
en las operaciones de comercio internacional. Información estratégica
sobre el marco normativo.
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Penas de prisión por fraude en importaciones
Un tribunal en lo Penal Económico condenó a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por una maniobra de contrabando de mercadería textil, cuyo perjuicio fiscal fue estimado en aproximadamente USD 4,5 millones. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3, al concluir el juicio oral por hechos ocurridos entre agosto de 2015 y enero de 2016.
De acuerdo con la investigación, la operatoria consistía en declarar importaciones de carbonato de calcio cuando, en realidad, los contenedores transportaban prendas de vestir provenientes de China. La maniobra habría permitido reducir el pago de tributos mediante la utilización de documentación presuntamente adulterada. La causa comprendió 31 hechos consumados y uno en grado de tentativa.
Entre los principales condenados se encuentran Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., Walter Moglianesi y Miguel Ángel Elnen, quienes recibieron penas de siete años de prisión. Asimismo, el tribunal dispuso la cancelación de la personería jurídica de las empresas involucradas, el decomiso de la mercadería incautada, la pérdida de beneficios aduaneros y distintas inhabilitaciones para ejercer funciones públicas y desarrollar actividades comerciales.
La sentencia también alcanzó a otros empresarios, operadores logísticos y funcionarios aduaneros, con penas que van desde tres años de prisión en suspenso hasta seis años de prisión efectiva, además de las correspondientes sanciones accesorias. Según la acusación, la estructura operó mediante documentación falsa y contó con la intervención de personal del servicio aduanero para facilitar el ingreso de la mercadería.
El fallo podrá ser revisado por las instancias de apelación antes de que las condenas queden firmes. Mientras tanto, el tribunal ordenó la ejecución de las medidas patrimoniales y administrativas previstas en la sentencia.
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