Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, según explicaron fuentes oficiales, «técnicamente no existe un conflicto laboral«, sino una decisión individual de los prácticos de no aceptar nuevas prestaciones.

Esto se debe a que no se trata de un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un cese colectivo de actividades. En los hechos, la medida implica un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras que los servicios previamente programados continúan realizándose.

La tarea de los prácticos consiste en asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado «costo argentino» mediante la eliminación de regulaciones que, según el Gobierno, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.

La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval; permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores; elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales; dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para fomentar la competencia.

Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

La medida despertó preocupación dentro de la Armada por su posible impacto en la seguridad de la navegación y en el funcionamiento del sistema de practicaje. También generó un fuerte rechazo entre las empresas del sector, que sostienen que el decreto le da luz verde al ingreso de buques y operadores extranjeros con una supervisión más flexible que la vigente hasta ahora, además de modificar el esquema tarifario y abrir el mercado a una mayor competencia.

El Gobierno analiza denuncia penal contra los prácticos por el paro

Con los principales puertos del país paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026 y una pérdida que oscila entre los 2 y 3 millones de dólares diarios, fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que evalúan medidas de fondo. Puntualmente, una denuncia penal y la amenaza de inhabilitación de por vida.

Desde el sector de prácticos, pilotos y baqueanos confirmaron a este medio que si el Gobierno no levanta la medida tomada el “conflicto va a escalar”.

Desde hace meses, los prácticos venían ejerciendo un rechazo silencioso al proyecto impulsado por Federico Sturzenegger para desregular el cabotaje local de la marina mercante.

“Sturzenegger quiere que eso sea libre, lo que ahora solo puede ser reemplazado por China”, dijeron. Con esta carta, ganaron el apoyo de la Embajada de Estados Unidos que, según informaron a Ámbito, se mostró disconforme respecto del proyecto oficial y habría hecho lobby para paralizarlo o, en su defecto, para que se incorporen modificaciones.

Fuentes del Gobierno esbozaron las próximas acciones. Planean ir “con todo” después de que se suspendieran las negociaciones. Más allá de la denuncia penal, buscarán la inhabilitación de por vida y la responsabilidad de las agencias marítimas. Se buscará un reemplazo por baqueanos y en el caso de que no alcancen será con “baqueanos paraguayos zona sur”. “Los buques procederán a otros puertos del exterior porque no pueden esperar”, concluyeron.

Fuente: Ambito financiero .